Acompañado del secretario de Seguridad Sergio Fernández y del subcomisario Rubén Giménez, de la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) de la Policía bonaerense, Kubar aludió a la presentación que había realizado el anterior viernes, 29 de junio, ante el Fiscal General Lucas Oyhanarte por el tema, que la Fiscalía N° 9 a cargo de la doctora Alejandra Rodríguez, es la que se había hecho cargo de las investigaciones correspondientes, y que desde el municipio y sus áreas involucradas se habían aportado los números telefónicos que surgían de las intervenciones de los Bomberos Voluntarios y el 911, por lo que se pudo avanzar al definir con las operadoras de telefonía móvil el entrecruzamiento de los mismos y su vinculación, y así el pasado martes ya se determinó que dos menores de 13 y 14 años de sexo femenino, están vinculadas con este caso de intimidación pública, en lo que concierne al Colegio San Carlos Borromeo, y que allí intervino la DDI contactando a los padres de ambas, que fueron notificados por la Fiscalía de la investigación que estaba en curso, y de las posibles sanciones, por la responsabilidad de los padres, incluida de la probabilidad de la aplicación de alguna importante multa económica (que puede rondar los $ 50000).
Las investigaciones continuaron con otros teléfonos vinculados dentro de la red que se había conformado y así pudo ese mismo viernes llevarse a cabo un allanamiento fiscal (por orden de la fiscalía), donde fue notificado un joven de 17 años, produciéndose el secuestro de un móvil celular, que registra llamadas en los horarios que se produjeron amenazas en la Secundaria N° 2 José Hernández (Ex Colegio Nacional viejo), procesado e imputado en una causa de intimidación pública.
El intendente Kubar destacó entonces el efectivo trabajo desarrollado tanto por los funcionarios judiciales como por los policiales en esta tarea de esclarecer lo más rápidamente posible estos hechos, ubicar a sus responsables y avanzar en el resto de los casos que tienen que ver con otras instituciones educativas del distrito. Estos casos de intimidación pública, tienen previsto en el Código Penal una pena de 2 a 6 años de prisión, en el caso que sean mayores de edad; en el caso que sean menores se evalúa la sanción que pueda corresponder. Kubar insistió ante la consulta periodística, que esto no está cerrado, sino que las investigaciones continúan definiendo el origen de la ubicación de la activación de los teléfonos celulares. Incluso existe obviamente la posibilidad de que con el avance de los días y que las tareas investigativas arrojen resultados positivos, se pueda disponer de nuevas personas imputadas por esta causa.
Se investiga también si existe alguna conexión entre los distintos casos y si puede haber llamadas telefónicas relacionadas. Y se tratará de avanzar en la posibilidad de la existencia de instigadores mayores, que utilicen a menores como para producir ilícitos a partir de la generación de estos hechos que producen confusión y réplica reiterada de amenazas que preocupan a las comunidades educativas y a la sociedad toda a partir de los mismos padres de los alumnos que deben ser evacuados y todo el complejo operativo que esto implica en cada una de las instituciones educativas que lo padece.
